Wednesday, October 26, 2011

Inclusión social : tema clave para la Reforma del Estado

La inclusión social está estrechamente ligada al desarrollo. Resulta clave para entender la necesidad de transformar el Estado a partir de llevar adelante una estrategia de crecimiento (sostenible) que, al mismo tiempo, sea capaz de reducir la desigualdad social y la pobreza.

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La próxima XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Asunción, Paraguay, los días 28 y 29 de octubre de 2011, y su tema central será la “Transformación del Estado y desarrollo”. A propósito de esta cumbre, la plataforma interactiva Ciudadanía 2.0.  (proyecto que busca acercar a la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones) ha elaborado un documento de recomendaciones para la reforma del Estado con las aportaciones realizadas en los diferentes talleres de Debate 2.0 y las propuestas recibidas a través de las diferentes vías y canales de comunicación (Facebook, Twitter, Orkut) abiertos recogidas en el periodo mayo-octubre 2011.

Desarrollo inclusivo: No existe una única receta de cambio

El documento de recomedaciones habla de la necesidad de un consenso social establecido democráticamente sobre qué combinación de iniciativas de reforma se deben adoptar para alcanzar esta meta. Estas necesidades no son aplicables a toda la región de forma homogénea. Hay que recordar que América Latina se caracteriza por una heterogeneidad social, económica y política.

Además, las desigualdades no sólo se observan entre países, sino también al interior de los mismos. Las desigualdades en la estructura productiva y en la capacidad del Estado de promover el bienestar de sus ciudadanos constituye uno de los desafíos clave en términos de desarrollo.

El desarrollo debe llegar a todos los ciudadanos, permitiendo que poblaciones históricamente marginadas o vulneradas puedan acceder a los beneficios de las políticas públicas. Sin embargo, no ocurre de esta forma en las sociedades latinoamericanas.

Inclusión política, participación ciudadana y marginalización

La inclusión política se realiza por medio de la transformación de los mecanismos de toma de decisiones estatales, aumentando su transparencia, reduciendo su aislamiento y promocionando, a la vez, mayor permeabilidad a los intereses y demandas de la sociedad civil. Es decir, identificando  las necesidades de la ciudadanía e incluyendolas en las decisiones del gobierno.

El desarrollo inclusivo al que debería orientarse la reforma del Estado consiste en que todos los ciudadanos (sin discriminación) puedan disfrutar de sus derechos básicos definidos constitucionalmente.  En este panorama el desarrollo inclusivo sería la fórmula para combatir la desigualdad social y la pobreza.

Existe una necesidad de un consenso social establecido democráticamente sobre qué combinación de iniciativas de reforma se debe adoptar para alcanzar esta meta, teniendo en cuenta la heterogeneidad en América Latina.

Las propuestas de ciudadanía 2.0 para un desarrollo inclusivo son:

1) Una burocracia pública eficiente en el cumplimiento de sus objetivos, cercana a la ciudadanía a través del uso de las TIC y comprometida con la democracia y con un proyecto de desarrollo inclusivo.
 Incluir procesos que garanticen una gestión centrada en resultados, estableciendo metas, aumentando la transparencia en los procedimientos (accountability y responsiveness) y elevando la eficiencia y eficacia general del sistema.   Estimular la coordinación tanto horizontal como vertical. Incluir procedimientos que permitan facilitar la relación del ciudadano con los servicios que le brinda el Estado, a través de plataformas 2.0. Impulsar estrategias que articulen los tres principios del enfoque de gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración.
2) Incrementar y mejorar la capacidad de financiación pública, reducir el carácter regresivo de los tributos y expandir y hacer inclusivos los sistemas de protección social en los países de la región.
3) Reforzar las políticas que impulsan el crecimiento y la reducción de la pobreza y la desigualdad.
4) Medidas que combatan de manera efectiva la delincuencia, la inseguridad pública, el narcotráfico y el crimen organizado y que aseguren el derecho a la protección jurídica, accediendo a una justicia independiente y real para toda la ciudadanía (sin importar las condiciones sociales y/o económicas)
5) Medidas que garanticen la inclusión de nuevos derechos sociales como parte del eje del desarrollo: los sesgos de género, la cuestión medioambiental, el envejecimiento de la población, la migración y la relación de los ciudadanos que están fuera con su país de origen y el combate contra la discriminación de minorías étnicas. 

Consultar en detalle las propuestas en el pdf. Informe Final

No se puede hablar de inclusión sin hablar del problema histórico de discriminación por parte de la sociedad y del Estado

Según este documento otro tema pendiente en la agenda pública de América Latina consiste en la inclusión de los grupos étnicos en situación de vulnerabilidad social.
En algunos países, como los andinos, son las poblaciones indígenas las que han sido históricamente marginadas y las que han sufrido mayor grado de discriminación por parte de la sociedad como del Estado. En Brasil, Ecuador, el Caribe y algunos países del Cono Sur esa discriminación incluye también a los afro-descendientes.

El portal Población afrodecendiente de AméricaLatina del PNUD sostiene: “Los afrodescendientes, que representan entre el 20 y 30 % de la población de América Latina, experimentan niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social y continúan enfrentando una severa discriminación en todos los órdenes. A pesar de la existencia de marcos legales nacionales y de la creación de diversas instituciones para asegurar el ejercicio de los derechos de las poblaciones afros, la aplicación de las leyes y disposiciones es débil y resta mucho por hacer en este sentido en la región. En particular, falta profundizar el reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida, para dejar atrás una invisibilidad cultural que potencia la exclusión socioeconómica creando más desigualdad, segmentación social y ciudadanía incompleta.”

Algunos proyectos de cooperación internacional en temas de gobernabilidad, trabajan focalizandose en esta problemática, cubriendo estas necesidades que no reciben suficiente cobertura estatal. Un ejemplo son los proyectos del PNUD orientados a fortalecer la participación política y ciudadana de afrodecendientes en Cercado (República Dominicana) y Cartagena de Indias (Colombia).

Estos grupos son los que presentan índices más altos de vulnerabilidad social, medida según varios indicadores como la mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza, mortalidad infantil, embarazo en la adolescencia, formación de hogares con jefe mujer, bajos niveles de educación formal y violencia, entre otros.

El desarrollo de guetos en la sociedad, dificulta todavía más la formación de una ciudadanía inclusiva.  Los que defienden una política étnicamente orientada enfatizan que los mecanismos sociales tradicionales de intervención estatal colocan a dichos grupos en situación de vulnerabilidad y, por consiguiente, están sesgados a favor de las etnias más poderosas (no necesariamente más numerosas).
Aparentemente, para llevar a cabo toda esta serie de reformas habría que ahondar en los aspectos más sociales, psicológicos, históricos y antropológics de la discriminación. Una vez identificadas los motivos y razones se podrían contruir “políticas reales y específicas para combatir la discriminación y provocar un cambio crítico orientado a la igualdad y la inclusión.”