La inclusión social está estrechamente ligada
al desarrollo. Resulta clave para entender la necesidad de transformar el
Estado a partir de llevar adelante una estrategia de crecimiento (sostenible)
que, al mismo tiempo, sea capaz de reducir la desigualdad social y la pobreza.
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OPENCities Infografía
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La próxima XXI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se
celebrará en Asunción, Paraguay, los días 28 y 29 de octubre de 2011, y su
tema central será la “Transformación del Estado y desarrollo”. A propósito de esta cumbre, la plataforma interactiva Ciudadanía 2.0. (proyecto que busca acercar a la ciudadanía a los procesos
de toma de decisiones) ha elaborado un documento de recomendaciones para la
reforma del Estado con las aportaciones realizadas en los diferentes talleres
de Debate 2.0 y las propuestas recibidas a través de las diferentes vías y
canales de comunicación (Facebook, Twitter, Orkut) abiertos recogidas en el
periodo mayo-octubre 2011.
Desarrollo inclusivo: No existe una única
receta de cambio
El documento de recomedaciones habla de la necesidad
de un consenso social establecido democráticamente sobre qué combinación de
iniciativas de reforma se deben adoptar para alcanzar esta meta. Estas
necesidades no son aplicables a toda la región de forma homogénea. Hay que
recordar que América Latina se caracteriza por una heterogeneidad social,
económica y política.
Además, las desigualdades no sólo se observan
entre países, sino también al interior de los mismos. Las desigualdades en la
estructura productiva y en la capacidad del Estado de promover el bienestar de
sus ciudadanos constituye uno de los desafíos clave en términos de desarrollo.
El desarrollo debe llegar a todos los
ciudadanos, permitiendo que poblaciones históricamente marginadas o vulneradas
puedan acceder a los beneficios de las políticas públicas. Sin embargo, no
ocurre de esta forma en las sociedades latinoamericanas.
Inclusión política, participación ciudadana y
marginalización
La inclusión política se realiza por medio de
la transformación de los mecanismos de toma de decisiones estatales, aumentando
su transparencia, reduciendo su aislamiento y promocionando, a la vez, mayor
permeabilidad a los intereses y demandas de la sociedad civil. Es decir,
identificando las necesidades de
la ciudadanía e incluyendolas en las decisiones del gobierno.
El
desarrollo inclusivo al que debería orientarse la reforma del Estado consiste
en que todos los ciudadanos (sin discriminación) puedan disfrutar
de sus derechos básicos definidos constitucionalmente. En este panorama el desarrollo
inclusivo sería la fórmula para combatir la desigualdad social y la pobreza.
Existe una necesidad de un consenso social
establecido democráticamente sobre qué combinación de iniciativas de reforma se
debe adoptar para alcanzar esta meta, teniendo en cuenta la heterogeneidad en
América Latina.
Las propuestas de ciudadanía 2.0 para un
desarrollo inclusivo son:
1) Una burocracia pública eficiente en el
cumplimiento de sus objetivos, cercana a la ciudadanía a través del uso de las
TIC y comprometida con la democracia y con un proyecto de desarrollo inclusivo.
Incluir procesos que garanticen una gestión centrada en
resultados, estableciendo metas, aumentando la transparencia en los
procedimientos (accountability y responsiveness) y elevando la eficiencia y
eficacia general del sistema.
Estimular la coordinación tanto horizontal como vertical. Incluir
procedimientos que permitan facilitar la relación del ciudadano con los
servicios que le brinda el Estado, a través de plataformas 2.0. Impulsar estrategias
que articulen los tres principios del enfoque de gobierno abierto:
transparencia, participación y colaboración.
2) Incrementar y mejorar la capacidad de
financiación pública, reducir el carácter regresivo de los tributos y expandir
y hacer inclusivos los sistemas de protección social en los países de la
región.
3) Reforzar las políticas que impulsan el
crecimiento y la reducción de la pobreza y la desigualdad.
4) Medidas que combatan de manera efectiva la delincuencia,
la inseguridad pública, el narcotráfico y el crimen organizado y que aseguren
el derecho a la protección jurídica, accediendo a una justicia independiente y
real para toda la ciudadanía (sin importar las condiciones sociales y/o
económicas)
5) Medidas que garanticen la inclusión de
nuevos derechos sociales como parte del eje del desarrollo: los sesgos de
género, la cuestión medioambiental, el envejecimiento de la población, la
migración y la relación de los ciudadanos que están fuera con su país de origen
y el combate contra la discriminación de minorías étnicas.
Consultar en detalle las propuestas en el pdf.
Informe Final
No se puede hablar de inclusión sin hablar del
problema histórico de discriminación por parte de la sociedad y del Estado
Según este documento otro tema pendiente en la
agenda pública de América Latina consiste en la inclusión de los grupos étnicos
en situación de vulnerabilidad social.
En algunos países, como los andinos, son las
poblaciones indígenas las que han sido históricamente marginadas y las que han
sufrido mayor grado de discriminación por parte de la sociedad como del Estado.
En Brasil, Ecuador, el Caribe y algunos países del Cono Sur esa discriminación
incluye también a los afro-descendientes.
El portal Población afrodecendiente de AméricaLatina del PNUD sostiene: “Los afrodescendientes, que representan entre
el 20 y 30 % de la población de América Latina, experimentan niveles
desproporcionados de pobreza y exclusión social y continúan enfrentando una
severa discriminación en todos los órdenes. A pesar de la existencia de marcos
legales nacionales y de la creación de diversas instituciones para asegurar el
ejercicio de los derechos de las poblaciones afros, la aplicación de las leyes
y disposiciones es débil y resta mucho por hacer en este sentido en la región.
En particular, falta profundizar el reconocimiento político y cultural de sus
valores, sus aspiraciones y sus modos de vida, para dejar atrás una
invisibilidad cultural que potencia la exclusión socioeconómica creando más
desigualdad, segmentación social y ciudadanía incompleta.”
Algunos proyectos de cooperación internacional en temas de gobernabilidad, trabajan focalizandose en esta problemática, cubriendo estas necesidades que no reciben suficiente cobertura estatal. Un ejemplo son los proyectos del PNUD orientados a fortalecer la participación política y ciudadana de afrodecendientes en Cercado (República Dominicana) y Cartagena de Indias (Colombia).
Estos grupos son los que presentan índices más
altos de vulnerabilidad social, medida según varios indicadores como la mayor
probabilidad de encontrarse en situación de pobreza, mortalidad infantil,
embarazo en la adolescencia, formación de hogares con jefe mujer, bajos niveles
de educación formal y violencia, entre otros.
El desarrollo de guetos en la sociedad,
dificulta todavía más la formación de una ciudadanía inclusiva. Los que defienden una política
étnicamente orientada enfatizan que los mecanismos sociales tradicionales de
intervención estatal colocan a dichos grupos en situación de vulnerabilidad y,
por consiguiente, están sesgados a favor de las etnias más poderosas (no
necesariamente más numerosas).
Aparentemente, para llevar a cabo toda esta
serie de reformas habría que ahondar en los aspectos más sociales,
psicológicos, históricos y antropológics de la discriminación. Una vez
identificadas los motivos y razones se podrían contruir “políticas reales y
específicas para combatir la discriminación y provocar un cambio crítico
orientado a la igualdad y la inclusión.”
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